Acusan a cuatro empleados del Municipio de Mayagüez por fraude al PUA

Por Alexis Figueroa; Cuatro funcionarios del Municipio de Mayagüez se convirtieron hoy en los primeros empleados públicos en ser acusados en Puerto Rico por fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA).

El Nuevo Dia

Cuatro funcionarios del Municipio de Mayagüez se convirtieron hoy en los primeros empleados públicos en ser acusados en Puerto Rico por fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Justicia informó hoy que los imputados se exponen a 15 años de cárcel o multas, por 12 cargos de apropiación ilegal agravada y cuatro cargos del Código Penal por fraude en su solicitud del PUA al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que la suma de los fondos obtenidos del PUA entre los cuatro imputados ascendió a $45,524.El Tribunal de Mayagüez encontró causa para el arresto, imponiendo fianza de $100,000 a Steven Martell Olivencia, de $60,000 a Omar Marrero Santiago y $60,000 a Jordán Matías Rivera. El cuarto caso, contra Isabel González Rodríguez, el tribunal ordenó su arresto por no comparecer a la citación y le impuso una fianza de $60,000.Emanuelli calificó las acusaciones como “un ataque frontal” contra “las personas que han abusado de los fondos del PUA, que han abusado de de la confianza del pueblo de Puerto Rico y que han tratado de timar al erario público en un momento en que tanta falta hacía la ayuda económica que se estaba brindando a las personas que estaban desempleadas”.“Hoy comenzamos con un fuerte golpe en el servicio público y vamos a continuar”, agregó Emanuelli.

La alegación de fraude

Según Justicia, la investigación de estos casos se extendió por alrededor de un año, destapando esquemas separados. No se encontró evidencia de que haya existido una conspiración entre los cuatro empleados municipales, informó el fiscal Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos de Justicia.De acuerdo con la pesquisa, Martell Olivencia indicó en su solicitud del PUA que realizaba trabajos de mantenimiento de poda de árboles, cuando en realidad era empleado de la Oficina de Manejo de Emergencias de Mayagüez, con una jornada de 30 horas semanales. Del PUA recibió $14,307.Mientras, Marrero Santiago y Matías Rivera solicitaron el PUA alegando que laboraban en lo que denominaron como “potato farming”, pero en realidad eran empleados en el Head Start del Municipio de Mayagüez. A lo largo de cinco meses, el primero recibió $12,563 y el segundo obtuvo en cuatro meses un total de $12,790.Por su parte, González Rodríguez aseguró en su solicitud del PUA que había perdido ingresos como instructora de Zumba, pero no indicó que recibió un salario como empleada a tiempo completo como oficial de gerencia pública en la Oficina de Manejo de Emergencias de Mayagüez, por lo que recibió $12,147 en cuatro meses.“Estos funcionarios, cuando llenaron su solicitud, mintieron”, dijo el fiscal Ríos, durante la conferencia de prensa.

Más casos en camino

Además de estos casos, Justicia aseguró que pronto radicará más acusaciones contra empleados públicos.En septiembre del año pasado, la entonces secretaria de Justicia, Inés Carrau, estimó que el fraude al PUA en la Isla podía alcanzar los 100,000 casos, de los cuales podían verse implicados 10,000 empleados públicos.Después de revisar las nóminas de las agencias y de los municipios, Emanuelli dijo hoy que la cifra de empleados públicos solicitando el PUA sería de cerca de 2,000 personas.“Ahí se está haciendo lo que se llama una evaluación particularizada, por segmento, para comenzar a acusar”, explicó Emanuelli.No es precisó cuántos de esos cerca de 2,000 casos son empleados de municipios y cuántos son agencias del gobierno central.Sólo se indicó que hay casos de empleados de “varios” municipios que “están bien adelantados”, así como de “varias agencias” estatales.El comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Rafael Freytes, destacó que “procesalmente es más fácil atender los municipios primero” y solicitó cooperación de parte de los gobiernos municipales, como aseguraron que la tuvieron de parte de Mayagüez.Los delitos alegados prescriben en cinco años, pero Emanuelli aseguró que cuenta con los recursos necesarios para procesar los casos antes de que culmine ese término.En el caso de empleados de las agencias estatales, Ríos dijo que “se radicarán pronto”.“Hemos ido depurando (los casos). Primero era un número gigantesco, pero hemos estado concentrándonos en las personas que tenían una intención de defraudar”, explicó Ríos. “Ahí los números son más pequeños, porque hubo mucha gente que solicitó PUA y no necesariamente estaban mintiendo o de cometer fraude. Al filtrarlos, hemos llegado a los esquemas más grandes o de empleados públicos que claramente mintieron en la solicitud”, añadió.Cuando se le preguntó si habían detectado algún caso de conspiración entre los empleados públicos que solicitaron el PUA ilegalmente, Ríos contestó: “Puede ser”.Hace unos meses, el propio DTRH informó que separó de sus funciones a cuatro empleados y siete contratistas por sospechas de fraude al PUA.Con relación a las alegaciones de que también hubo policías que solicitaron el PUA, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, aseguró que “todo se está investigando. El grupo de trabajo continúa evaluando las diferentes informaciones que hemos recibido”.En febrero pasado, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), anunció que, radicó las primeras querellas contra ocho empleados públicos ante la Oficina de Ética Gubernamental por fraude al PUA.“Tenemos referidos de la OEG. Otras vienen del OIG. Tenemos muchas fuentes. No podemos hablar del estado porque se afectarían, pero los estamos tramitando”, dijo Ríos.

Sobre $70 millones devueltos

 

Por su parte, el secretario del DTRH, Carlos Rivera Santiago, indicó que además de las acusaciones, el gobierno procederá a tratar de recobrar el dinero que fue obtenido de forma ilegal.En entrevista con El Nuevo Día, el titular del Trabajo dijo que hasta mediados de este mes la agencia superó la cantidad de $70 millones en dinero devueltopor ciudadanos desde que comenzaron a informarse sobre las investigaciones de las autoridades el año pasado.Rivera Santiago indicó que la devolución del dinero podría ayudar a que una persona no sea acusada, pero advirtió que la evaluación se hace caso a caso.A su vez, la División de Robo a Bancos y fraude de la Policía ha procesado criminalmente a sobre 30 personas que fueron arrestadas en momentos en que intentaban cambiar cheques obtenidos ilegalmente en sucursales bancarias, superando el medio millón de dólares en fondos recuperados a través del total de esas intervenciones al cierre del año 2020.Al momento, la Policía espera por el Departamento de Justicia para proceder con la acusación de sobre 35 casos adicionales de personas arrestadas “en caliente” o en la escena de los hechos, que están a la espera de los fiscales para la radicación de cargos. Estos arrestos resultaron en la recuperación de sobre medio millón de dólares en cheques que los detenidos intentaban cambiar al momento de ser capturados.Según Ríos, los casos están bajo evaluación en las fiscalías de distrito, porque de encontrarse algún esquema que abarque a más de un acto individual, podría trabajarse a nivel de la División de Delitos Económicos de Justicia.

Casos federales

 

La tendencia de casos en Puerto Rico ha sido muy similar a la reportada por otros estados de Estados Unidos.De hecho, en febrero de este año, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo federal estimaba que más de $63,000 millones se han pagado indebidamente en Estados Unidos mediante fraude o errores, lo que representa casi el 10% del monto total pagado en los programas de desempleo relacionados con la pandemia del coronavirus desde marzo.Mientras, los primeros cargos federales en la Isla por fraude al PUA surgieron en abril de este año.Un gran jurado federal emitió un pliego con tres cargos contra José Daniel Le Hardy Figueroa y Christoffer Pérez Vélez por fraude postal, conspiración para cometer fraude y robo de dinero del gobierno federal.Esos cargos por fraude al PUA surgieron en relación a otros delitos que enfrentan El 13 de abril de este año, el primer grupo personas procesadas a nivel federal en Puerto Rico específicamente por fraude al PUA surgió de un pliego acusatorio contra 12 personas.Según el pliego acusatorio, los acusados son Millisen Martínez-Medina, quien obtuvo $54,870 mediante fraude al PUA; su pareja consensual, Luis Cruz-Reyes, obtuvo $64,992. Mientras, Jonathan Rivera Gutiérrez obtuvo $44,148; Jennifer Hernández Romero, $36,222; Mary Benítez Ortiz, $32,628; Daniel Colón Díaz, $68,250; Gabriel Robles Guzmán $33,030; Denise Sánchez Ortiz, $23,172, y Luis Flores Díaz, $20,910.

 



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